La reforma judicial en México ha sido últimamente un tema recurrente en el debate político y social, lleno de suspicacias absolutamente comprensibles, especialmente frente al creciente desafío que representan la inseguridad y la violencia; la corrupción y la impunidad. El fortalecimiento del sistema de justicia no solo depende de los tribunales, sino también de las instituciones que integran las fiscalías y las fuerzas policiales, particularmente las policías municipales. La reforma en estas áreas es crucial para combatir de manera efectiva el crimen organizado y garantizar seguridad y justicia accesible y equitativa para todos los mexicanos.
En este mismo espacio he comentado varias veces que tenemos 2.5 jueces por cada cien mil habitantes, cuando deberían ser por lo menos 65, así que mientras esto mo se discuta, por más derecho que sean los jueces, no habrá justicia. Ahora bien, supongamos que conseguimos eliminar la corrupción del sistema judicial, pero sin el incremento de jueces, de nada servirá, ya que seguirá siendo ineficaz.
El mayor problema lo tenemos en el Ministerio Público y no podemmos negar que también en la colusión de este supuesto defensor del pueblo con las diferentes policías, está el mayor de los problemas. Las fiscalías son las encargadas de la investigación y persecución de delitos en México. Sin embargo, han enfrentado a serios retos que han debilitado su capacidad para operar de manera efectiva. Entre los principales problemas se destacan la falta de independencia (pero también de una supervición seria e incorruptible de los fiscales), la corrupción interna y una sobrecarga de casos, lo que ha permitido que delitos graves, incluidos homicidios y desapariciones, queden sin resolver.
La reforma judicial en este ámbito se centra en la profesionalización e independencia de los fiscales, así como en mejorar la estructura operativa de las fiscalías. Esto implica fortalecer el Sistema Nacional de Procuración de Justicia, dotar a los fiscales de herramientas tecnológicas y legales que les permitan realizar investigaciones más ágiles, y promover una cultura de transparencia. La rendición de cuentas es esencial para que la ciudadanía recupere la confianza en estas instituciones.
Un aspecto clave es la creación de fiscalías especializadas, orientadas a delitos de alto impacto como el crimen organizado, la corrupción y la violencia. Estos cuerpos especializados deben contar con los recursos y la capacitación necesaria para afrontar investigaciones complejas, lo que aumentaría la eficacia en la persecución del delito.
Las fuerzas policiales son la cara visible del sistema de justicia en las calles, pero también han sido objeto de múltiples cuestionamientos por su desempeño, su escasa formación y, en muchos casos, su colusión con el crimen organizado. Para que una reforma judicial sea realmente efectiva, es necesario transformar las policías en cuerpos profesionales, éticos y capacitados. Para ello el FORTASEG, debiera seguir dando a los municipios los recursos necesarios, pero lo desarticularon.
La reforma policial debe abarcar tanto a los cuerpos de seguridad locales como federales. En los niveles locales, las policías municipales suelen estar mal equipadas y reciben poca capacitación, lo que las deja vulnerables a la corrupción y la infiltración de grupos delictivos. La creación de una policía que responda a criterios de profesionalización es un paso necesario para reducir los índices de criminalidad en el país.
Asimismo, la mejora de los salarios y las condiciones laborales de los policías es esencial para evitar que se involucren en prácticas ilegales, los apoyos podrían también venir de la sociedad, empresarios en educación ofreciendo becas, hospitales atendiendo a sus familias, un derecho prioritario a vivienda, descuentos en supermercados, cines, restaurantes, etc. Un enfoque centrado en los derechos humanos y la proximidad con las comunidades puede fomentar una mejor relación entre la ciudadanía y las fuerzas del orden, disminuyendo la desconfianza que prevalece actualmente.
La reforma judicial en México no puede considerarse completa sin abordar los problemas estructurales en las fiscalías y las policías. Si bien es crucial mejorar el funcionamiento de los tribunales, la capacidad para investigar y resolver casos depende en gran medida del trabajo coordinado entre fiscales y policías.
Además, el éxito de cualquier reforma dependerá de la voluntad política y de los recursos asignados para su implementación. Es imprescindible que el Estado mexicano destine fondos suficientes para garantizar la capacitación de los agentes, la independencia de los fiscales y la dotación de infraestructura tecnológica para llevar a cabo investigaciones de manera efectiva.
En mi opinión, deja un amargo sabor de boca, la manera, las formas en que se gestó la Reforma Judicial, es importante que, para terminar con las suspicacias, los jueces, ministros y magistrados que formen grupos con derecho a ser votados, no vayan a depender del Poder Ejecutivo, lo que menos necesitamos es un mayor autoritarismo, porque entonces las autoridades tendrán que luchar contra la delincuencia que de por sí es enorme, pero además con la ingobernabilidad del pueblo. Ya ni que decir de las sanciones internacionales.
Opinión por Fernando Schütte Elguero
@FSchutte
