En los últimos años, la inseguridad en Chiapas ha tenido una escalada verdaderamente alarmante. Las autoridades en los tres niveles de gobierno han hecho caso omiso de la infinidad de denuncias realizadas a través de los medios de comunicación y contabilizadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad Pública.
Chiapas es un estado extraordinario con una inmensa riqueza cultural, una biodiversidad asombrosa, y es por cierto la sede del lugar a donde muchos de los mexicanos mandaron al ex Presidente López Obrador.
Todos sabemos de la terrible pobreza en la que viven las comunidades indígenas, aquellas a las que todos los gobiernos mencionan en sus discursos, pero pocos saben de la grave problemática que sufren desde hace décadas, en donde los problemas sociales, religiosos, de cacicazgo, de narcotráfico, extorsión, derecho de piso, secuestro, trata de blancas, tráfico de órganos, han hecho que Chiapas se encuentre en un estado de ingobernabilidad sumamente evidente.
Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Chiapas-Guatemala se hayan (a pesar de sus disputas), apropiado literalmente de la tierra.
Hoy por hoy es difícil encontrar una comunidad indígena que no esté coludida con los grupos delincuenciales o bien haya sido desplazada. Ante la debilidad de las autoridades en los tres niveles de gobierno la delincuencia organizada ha tomado, de hecho a la región como una parte sustancial de su estrategia binacional para todos los delitos mencionados, adicionando el trasiego de droga y el tráfico de armamento.
Hace años los gobiernos de México y Estados Unidos de Norte América identificaron no solo a una comunidad musulmana sino a una célula ligada a Isis, naturalmente todos sabemos de las actividades e inactividades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien en su momento nos hizo tomar consciencia de los indígenas y su reclamo de atención a las causas que debieron haber sido motivo de políticas públicas que evitaran la tragedia que se vivía en su momento y evidentemente la tragedia actual.
De la misma manera en que las autoridades soslayaron la muerte del Presidente Municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos, negando la urgencia de protección solicitada al gobierno federal y estatal, ahora lo hicieron con el sacerdote católico Marcelo Pérez, de quien recojo una frase demoledora, “que las autoridades no sometan al pueblo a la esclavitud bajo el yugo de la violencia “dicho esto por la incapacidad del Estado Mexicano para enfrentar la situación en el país.
La extrema vulnerabilidad que ha venido afectando no solo a líderes religiosos y comunitarios, periodistas y activistas de derechos humanos además de la población en general ha puesto en evidencia la incapacidad de los gobiernos para garantizar la seguridad y la paz.
No debemos olvidar la infinidad de grupos paramilitares, muchas veces con la concurrencia de los conocidos caibiles contratados por empresarios, caciques y gobiernos, quienes como en otros lugares del país, convertidos en autodefensas hoy se camuflan con la delincuencia. Gracias a la desinformación que se ha venido generando desde la Presidencia de la República solo nos han hecho preocuparnos por Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas y Guerrero, mientras que el crimen organizado avanza por el sureste del país, hoy en Chiapas, pero también en Tabasco y Veracruz.
Mientras la Guardia Nacional hace como que trabaja y sigue el conocido camino de la corrupción, siendo parte de la extorsión que vivimos los mexicanos, los políticos han decidido no mirar hacia lo evidente. Basta con circular por las carreteras del país y mirar como el huachicol sigue presente contradiciendo el discurso oficial y los transportistas se detienen ante las patrullas de la GN a pagar cuotas.
Mientras en México se siga permitiendo la ilegalidad en las infracciones y delitos menores, jamás lograremos robustecer al Estado.
Opinión por Fernando Schütte Elguero @FSchutte
