Nuestro marco normativo ambiental exige para su cumplimiento la verificación del cumplimiento de norma oficiales mexicanas (recomendaciones de buenas prácticas de producción o de operación) que regulan a las actividades industriales y agropecuarias para la protección de nuestro medio ambiente y la salud. Los regulados (que son empresarios que realizan toda tipo de actividades económicas) en su gran mayoría generan necesariamente emisiones al ambiente (de sus calderas o generadores de vapor), residuos y contaminan agua que utilizan en sus procesos. Tienen la obligación de realizar análisis fisicoquímicos anual o semestralmente de emisiones al ambiente, de residuos y de aguas residuales que permitan verificar el cumplimiento de dichas normas. Algunos los reportan y otros los tienen en su poder para que en cualquier momento la autoridad competente pueda requerirlos para su revisión. Esa es la forma laxa en la que los empresarios mexicanos pueden probar que cumplen con la normatividad ambiental vigente.
La realidad es otra. La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA, A.C.) es el primer organismo de gestión privado que acredita (autoriza) a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad que son los laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de inspección y organismos de certificación, Proveedores de Ensayos de Aptitud y a los Organismos Verificadores/Validadores de Emisión de Gases de efecto Invernadero, Productores de Materiales de Referencia y la Autorización de Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE.
Esta acreditación de la EMA de cientos de Laboratorios de nuestro país no garantiza que sus resultados sean verdaderos. Es urgente la supervisión de un tercero, ajeno a la EMA y a los tres niveles de gobierno (llámese Procuraduría Federal de protección al Ambiente y Comisión Nacional el Agua, autoridades ambientales estatales y municipales) que permita verificar que los resultados de dichos análisis sean veraces. Solo para ilustrar un caso muy importante, hace dos años una empresa de manejo y acopio de residuos peligrosos en Celaya, Guanajuato me compartió dos análisis fisicoquímicos de una muestra de un lodo residual de la planta automotriz de Honda. Uno de ellos reportó que el contenido de cromo de dicho lodo era de 11 partes por millón (Laboratorio Laquimia/Irapuato, Gto.) y otro (Laboratorio de control de calidad de la cementera Cruz Azul, en Huichapan Hidalgo) reportó que el mismo lodo contenía 10,200 partes por millón de cromo. Existe una red de corrupción entre varios laboratorios tramposos y muchas empresas que se dedican al acopio, transporte y disposición final o destrucción de residuos de manejo especial y de residuos peligrosos que falsean los resultados de los análisis fisicoquímicos y los hacen pasar por residuos de manejo especial de competencia estatal en lugar de clasificarlos como residuos peligrosos de competencia federal. El negocio está en el costo de disposición final que para residuos peligrosos es de $1,500.00/ton y para los residuos de manejo especial es de $ 400.00/ton.
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores