Debemos reordenar la interpretación del derecho, debemos definir cuál es el límite de la interpretación, a quién le recae responsabilidad de las interpretaciones finales, se debe moldear un método a través del cual se haga las mismas, a efecto que los jueces nos ciñamos a está, sin extralimitaciones que pueden hacer mayores brechas en las desigualdades, porque una sentencia de un juez hablando de los de amparo, puede hacer que un sujeto goce de mayores derechos que otros e impactar en la política pública.
Pero en corresponsabilidad a lo anterior, los demás poderes de la unión deben asumir su responsabilidad de no vulnerar derechos humanos en la creación y ejecución de sus políticas públicas, lo anterior no solo es exigencia de la Constitución sino también de la sociedad, porque no debe perderse de vista que el número de juicios de amparo es proporcional al abuso del poder.
Por otro lado, debemos mejorar nuestras normas para que sean más suaves, ligeras sin tanta carga o formalismo, que no hace más que alargar los procedimientos haciéndolos eternos aun cuando el tema sea sencillo. Ahí creo, hay un sendero que hay que explotar, la Constitución tiene soluciones, en el artículo 17 establece la exigencia de preferir la solución de controversias sobre los formalismos. Ahí el punto es que el legislador adecúe normas a ese pensamiento y darle sentido a la justicia pronta.
Como jueces ante la ausencia de un cambio legislativo, expulsemos preceptos que entorpecen juicios o que provoquen trampas procesales y démonos como sociedad la oportunidad de resolver en menos tiempo.
Así mismo, debemos hacer cambios en la forma de gestionar la justicia tanto en la de personal como tecnológica, regida por el principio de servicio, de atención al público, lo que implica procesos humanos sensibles, con propósito de servicio, de tal manera que quien acuda a un juzgado o una fiscalía o a las oficina de policía se sienta seguro, atendido, respaldado, confiado en que con independencia del resultado que obtenga siempre fue orientado y llevado de la mano en todas sus peticiones -erradicar la dádiva en donde exista- aplicar las normas de responsabilidad a quién haga malas prácticas, aplicar los procedimientos laborales a trabajadores que no realizan su labor o lo hacen de forma deficiente.
De igual manera implementar o mejorar la tecnología que ayude a la gestión, pasar de sistemas de almacenamiento a sistemas que lleven al funcionario y usuario de la mano, sencillos, modernos, amigables, predecibles, que además contengan indicadores o evaluación tendentes a reflejar productividad, eficiencia y calidad individual de cada funcionario, a efecto de medirnos, con el firme propósito de la mejora constante. Tecnología que debe estar acompañada con una interconexión con todas las autoridades del país de tal manera que la comunicación sea rápida, eficiente y transparente para lograr solucionar los conflictos en breves plazos.
Así bajo este esquema requerimos primero analizar donde están todas nuestras fallas en el sistema de justicia, de ahí en adelante encontrar los caminos para la mejora. La sentencia ya está dictada y comunicada en las urnas, habrá sin duda una reforma, busquemos que está sea de fondo, que ataque todos los defectos, requiere esta sentencia establecer como será ejecutada en todos los rubros que conforman el poder judicial, y no sólo en uno de sus tantos muros.
Opinión por Benjamín Rubio Chávez
