Los problemas del sistema penitenciario mexicano no son novedosos. En forma recurrente y durante muchos años tenemos noticias como la ocurrida el pasado 1 de enero que dio cuenta de un motín en el Centro de Reinserción Social #3, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 17 muertos y al menos 30 reos fugados.
Reconocer la crisis del sistema penitenciario en el país es un primer paso para encontrar vías de solución.
En este sentido, resulta positivo observar como el 5 de diciembre del 2022 se publicó, en el diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Seguridad Pública 2022-2024, que entre uno de sus cuatro objetivos plantea “Mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.”
Lo hace a partir del reconocimiento de deficientes condiciones de reclusión para una estancia digna y segura, entre otras señala problemas de sobrepoblación y hacinamiento; las riñas y agresiones entre las personas privadas de la libertad; insuficiencia de recursos humanos; la necesidad de impulsar programas de reinserción social y la mejora de las condiciones físicas e infraestructura del sistema.
Los datos así lo confirman. Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para finales del 2021, el sistema vive una sobrepoblación.
Para finales del 2021, de acuerdo con los datos del INEGI, los penales estatales tenían una capacidad para albergar 184,865 reos, pero en ellos se encontraban 204,359 personas, esto es, una tasa de ocupación promedio de 110.5 %, con casos, por ejemplo, como el Estado de México, Nayarit y Durango con tasas del 237.2 %, 171.6 % y 155.4 %, respectivamente.
Ante ello, el Programa Nacional de Seguridad Pública plantea 4 cuatro estrategias prioritarias: 1) promover el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios; 2) fortalecer la operatividad para mejorar las condiciones de seguridad; 3) profesionalizar al personal penitenciario y 4) consolidar las condiciones de gobernabilidad y gobernanza.
Nos parece que se podrían incorporar al proceso de mejora algunas consideraciones que señalamos a continuación:
· Una revisión integral del presupuesto y su asignación, los datos de INEGI no dicen que tan solo entre 2022 y 2021, los recursos asignados se redujeron en más del 16 %. Es necesario mejorar las condiciones sanitarias y la convivencia de procesados y sentenciados.
· Igual consideración para número de personas adscritas al sistema que fueron 2.3 % menos a nivel estatal en el mismo periodo de tiempo.
· Promover la certificación ya que tan sólo 104 centros penitenciarios federales y estatales de un total de 317 contaron con alguna certificación o acreditación de sus instalaciones.
· Un tema de la mayor relevancia es el análisis del estatus jurídico de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, ya que 92 mil 856 personas privadas de la libertad se encontraban sin sentencia o medida cautelar de internamiento preventivo. Cifra que, comparada con el año anterior, la se incrementó 7.6 %.
· Hacer un frente decidido de los procesos de autogobiernos en manos bandas del crimen organizado.
Hay más
Datos del estudio “Cárceles en México: cuadros de una crisis”, realizado por Marcelo Bergman y Elena Azaola para la Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), indican en los centros penitenciarios del país no habitan, en general, los delincuentes que han cometido los delitos más peligrosos, sino los pobres.
Sin duda, un área de oportunidad que hay que aprovechar entre todos los actores involucrados en este trascendental, como una de las claves de mejora de las condiciones de seguridad pública ciuidadana.
Armando Zúñiga Salinas
Presidente Coparmex CDMX / Grupo IPS / ASUME
@Armando_ZuñigaS
