Por Celia Maya García
La profesionalización de la justicia fue una aspiración del Estado constitucional a lo largo del siglo XIX. La administración de justicia se hizo cada vez más compleja, requiriendo que los jueces fueran “letrados” y, por ende, que los abogados estuvieran altamente capacitados. El sistema judicial, compuesto por instituciones, roles y procesos, depende de la formación de los abogados, quienes deben cumplir requisitos técnicos y científicos para desempeñar sus funciones.
En México, los planes de estudio en Derecho buscan transmitir conocimientos que responden a la ideología y sistema jurídico del país, formando a los futuros abogados como defensores del orden jurídico.
En el México Independiente, los abogados se formaban a través de estudios teóricos en las aulas y prácticas en los juzgados o despachos. Este modelo de aprendizaje combinaba una formación académica de tres años con una práctica profesional de igual duración, la cual era requerida para que el aspirante pudiera presentarse a exámenes teórico-prácticos ante jurados de abogados. Solo tras aprobar estos exámenes, organizados por los tribunales superiores, el aspirante obtenía el título de abogado.
En el siglo XX, se eliminó la exigencia de realizar prácticas en tribunales, quedando la formación en manos de las facultades de Derecho. Para suplir la práctica en el foro, se añadieron materias específicas de práctica civil y penal en las aulas. Este modelo fue suficiente durante décadas, hasta que las reformas pedagógicas de mediados de siglo llevaron a la eliminación de estas materias para reducir la carrera a cinco años.
Hoy, los planes de estudios de Derecho en la mayoría de las universidades, sobre todo en las privadas, ofrecen una formación reducida y limitada, donde el estudiante egresa con escasas habilidades prácticas. La carrera, en muchos casos, se ha reducido a solo tres años, eliminando asignaturas y dejando a los egresados sin preparación para enfrentarse a la realidad judicial. En la práctica, esto se traduce en abogados que no dominan aspectos esenciales como redactar peticiones, demandas o contratos, y que desconocen el funcionamiento operativo del sistema judicial.
Ante la inminente reforma en el Poder Judicial, es urgente revisar los planes de estudio de la carrera de Derecho para formar abogados con aptitudes prácticas. Los programas deben enfocarse en prácticas efectivas y en el desarrollo de destrezas en el aula, relegando asignaturas teóricas que no aportan a la formación aplicada del abogado. Este rediseño debe priorizar el “saber hacer” sobre el simple conocimiento teórico, concentrándose en el Derecho Civil como base de la estructura legal.
Las universidades públicas, que tienen un compromiso con la sociedad, deben liderar esta transformación y adaptar sus planes de estudio a las necesidades de un sistema de justicia moderno. La preparación del abogado debe estar a la altura de la nueva configuración judicial, de modo que los egresados cuenten con las competencias necesarias para desempeñar cargos judiciales sin requerir años de experiencia adicional.
Estamos en un momento decisivo: con un nuevo sistema judicial en proceso, el país necesita abogados formados en la práctica y comprometidos con el servicio a la ciudadanía. La responsabilidad recae en las universidades públicas, quienes deben responder a este desafío con una formación adecuada y suficiente. Confío en que las instituciones responderán a este llamado y estarán a la altura de los cambios que México demanda en su sistema de justicia.