México se encuentra en un momento crucial para la transformación de su sistema judicial. La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal no solo persigue modernizar la estructura judicial del país, sino también fortalecer principios fundamentales como la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Esta reforma es una apuesta por democratizar el acceso a la función judicial y por cimentar la confianza ciudadana en un sistema que garantice justicia para todos.

Una de las principales características de la reforma es su enfoque en la voluntad soberana del pueblo para el nombramiento de jueces. Este cambio busca asegurar que los jueces sean seleccionados de manera transparente y representativa, evitando los vicios de la influencia política y el nepotismo que han manchado el sistema judicial en el pasado. Además, se establece una limitación en la permanencia en los cargos judiciales, facilitando así un natural relevo y evitando la acumulación de poder que podría conducir a prácticas autoritarias y corruptas.

La reforma también se dirige a erradicar la impunidad dentro del poder judicial, creando una agencia encargada de sancionar desvíos en la función pública. Este organismo será crucial para garantizar el cumplimiento de un sistema de responsabilidad jurídica, crucial para mantener la integridad y la eficacia del sistema judicial.

Sin embargo, transformar el sistema judicial va más allá de la reestructuración de los tribunales. Es imperativo abordar también la mejora en las fiscalías y otras agencias vinculadas a la administración de justicia. La reforma debe incluir una revisión profunda del funcionamiento de estos organismos para asegurar una coordinación efectiva y una administración más transparente.

Uno de los aspectos que requiere atención urgente es la defensoría pública. Durante décadas, el defensor de oficio ha sido uno de los cargos más criticados, con una reputación manchada por la falta de calidad en la defensa legal y la corrupción. Aunque la reforma constitucional de 2008 introdujo cambios en el proceso penal adversarial, aún queda mucho por hacer. La defensoría pública necesita una reestructuración significativa para ofrecer un servicio de calidad, con recursos suficientes, y con personal capacitado y comprometido. Las oficinas de defensoría deben ser accesibles, visibles y confortables para la población, elevando así su rol a un componente fundamental del sistema judicial.

Asimismo, es esencial que la atención a las víctimas de delitos se convierta en una prioridad. La justicia no es una cuestión de beneficencia, sino de justicia social. Se requiere una reforma que acerque el sistema judicial a las víctimas, garantizando una respuesta digna y efectiva ante el sufrimiento y la violencia. La falta de personal capacitado y de recursos en este ámbito ha llevado a una desconexión preocupante entre el sistema judicial y las necesidades de las personas afectadas.

Es momento de apoyar esta propuesta presidencial y avanzar hacia un sistema judicial que refleje los valores de justicia, transparencia y equidad que México necesita. La reforma no solo es un paso hacia la modernización, sino una respuesta a la creciente demanda de un sistema judicial que funcione de manera efectiva y justa para todos.

¡Justicia social ya!