México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil. Un total de 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad laboran en la actualidad. La cifra representa el 7.5% de la población infantil del país.

La fuerza laboral infantil se concentra en las áreas menos urbanizadas del país y su porcentaje en estas zonas es más elevado que en las más pobladas.

Aproximadamente 7 de cada 10 menores (entre 5 y 17 años de edad), viven en las zonas rurales de México. En tanto que 3 de cada 10, el equivalente a un millón 114 mil 991 niñas y niños, laboran en ciudades. Mientras que 2 millones 532 mil 76 trabajadores infantiles, se ocupan en las áreas de menor tamaño poblacional.

La incidencia del trabajo infantil rural es más elevada que la urbana. Aproximadamente el 24% de los trabajadores entre 5 y 17 años se concentra en tres entidades: Estado de México, Jalisco y Puebla. El 76% se distribuye en otros estados como Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Chiapas y Guanajuato.

En México las deserciones escolares en primaria y secundaria se asocian directamente a la falta de recursos y en la mayoría de los casos, son los padres quienes obligan a los menores a trabajar para contribuir al gasto familiar. La pobreza empuja a utilizar como mano de obra a todos sus miembros disponibles para intentar sobrevivir, incluyendo niñas y niños.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece “el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpezca su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el Convenio número 182 acerca de las peores formas de trabajo infantil, refiere que proteger a las niñas y a los niños requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo dignos para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantenerles en la escuela.

Resulta fundamental regenerar el tejido social en nuestra sociedad, para ello, los tres órdenes de gobierno deben promover políticas públicas que vuelquen su atención hacia esos menores a los que se les está impidiendo la posibilidad de un desarrollo pleno e integral.

Asimismo se deben incluir mecanismos de vigilancia y coordinación para la detección y actuación en casos de abandono escolar, con el fin de identificar niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan dejado la educación para incorporarse al trabajo y establecer los medios para la restitución de sus derechos.

El Estado mexicano debe priorizar recursos, medios y alianzas, para garantizar la protección y el sano crecimiento de la niñez en todas sus formas.