Meses antes de que comenzara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, oficiales de inteligencia militar tuvieron una reunión con el director del CISEN (Centro Nacional de Inteligencia) Albert Bazbaz, para conocer su opinión sobre la operación de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CERFI), creados tres años atrás en 2015. El funcionario fue informado de que la FGR por medio de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) no tenía personal en los Centros de Fusión, “lo que ha originado escasos resultados que no corresponden a las expectativas”.
La ausencia de agentes del ministerio público en uno de los proyectos más ambiciosos de la secretaría de la Defensa Nacional donde participan diversas dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI ex CISEN), para generar información de inteligencia, procesarla y explotarla, adoleció desde sus inicios de mecanismos legales para contar con la participación de la FGR, institución clave para encausar judicialmente los datos que se recopilaran, de acuerdo a documentos militares consultados.
En agosto del 2022 el comandante de la novena región militar en Cumbres de Llano Largo, Acapulco, envío una solicitud al general Luis Crescencio Sandoval González, entonces titular de la Defensa, para que personal de los Centros de Fusión se incorporara a los Grupos de Respuesta Interinstitucional para el intercambio de información. La petición fue denegada, ya que “se perderían las capacidades en recursos humanos para explotar la tecnología existente en dichas instalaciones”. Y citaban el caso del CERFI Centro, con sede en la Ciudad de México, que por esas fechas trabajaba “179 líneas de seguimiento” de “blancos” considerados de alta prioridad en los estados aledaños a la capital del país.
El esquema de trabajo de los cinco Centros de Fusión distribuidos en el Noreste, Centro, Sureste, Noroeste y Occidente del país, fue diseñado “para realizar actividades de gabinete por lo que no se cuenta con personal para trabajos de campo, ya que la plataforma tecnológica con la que se cuenta constituye la principal fortaleza de dichos centros”, dice el documento militar de aquella fecha.
Lo que ambos casos ejemplificaron fue que pese a las capacidades tecnológicas de los CERFI, el personal resultaba insuficiente. Además había una mala coordinación con el ministerio público que limitaba el éxito en la judicialización de casos.
La aprobación la semana pasada en el Senado de la República de la modificación al artículo 21 constitucional para facultar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para abrir carpetas e iniciar la investigación de delitos, era el puente que hacía falta y que en la práctica podría “jubilar” al ministerio público –siempre ausente y obsoleto—para el armado de casos desde la explotación de información de inteligencia.
Una de las grandes derrotas en los últimos dos sexenios han sido las fugas de información que facilitaron la huida de Nemesio Oceguera Cervantes, fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en operativos lanzados para su captura. Ya se verá si con esta reforma se nulifican las fallas y se concretan los primeros objetivos de “alta prioridad” que trabajan los CERFI.
Opinión por Juan Veledíaz / @velediaz424