¿Alguna vez le han marcado de un número desconocido y al contestar un sujeto le ha hablado amenazante diciendo que tiene un familiar secuestrado? ¿Ha escuchado alguna historia similar de una persona cercana o un compañero de trabajo?
Si su respuesta es positiva, forma parte del gran número de mexicanos que ha sido víctima de una extorsión, uno de los delitos de mayor impacto y preocupación social, que es necesario enfrentar con urgencia, ya que se encuentra niveles históricamente más altos.
No hay un solo tipo de extorsión, aunque la más utilizada por los delincuentes es la hecha mediante una llamada telefónica. Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC) indican que esta modalidad se ha convertido en una de las favoritas porque implica menor riesgo de que los extorsionadores sean detenidos y tienen mayor probabilidad de lograr su propósito.
Para el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) existen dos tipos de extorsión: “la directa, donde la o las personas que extorsionan interactúan de manera personal, acudiendo al domicilio, escuela, trabajo o negocio de la o las víctimas, y la indirecta (virtual) que se comete a través de medios de comunicación como el teléfono celular o las redes sociales”.
Según el documento “La extorsión en México” del Laboratorio Nacional de Criminometría del mismo INACIPE, las características de actuación del extorsionador son de un individuo de entre 26 a 35 años, que al momento de interactuar con la víctima no se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas, teniendo como forma de intimidación la amenaza verbal, con armas punzocortantes y armas de fuego.
El mismo documento revela que, históricamente, las extorsiones ocurren mayoritariamente en casa de la víctima, mientras que el segundo lugar es la calle.
La SSPC resalta que, en la actualidad, según el Código Penal Federal, este delito se castiga con prisión y el pago de una multa.
En este marco, la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comentó en abril anterior, durante su campaña por la Presidencia de la República, que es indispensable que la extorsión sea catalogada como delito grave en el Código Penal Federal y en los estatales, lo que permitiría su reducción.
Añado que, también, significa el fortalecimiento legal e institucional de la CONASE a nivel federal y en las fiscalías estatales.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que las víctimas por extorsión reportadas en fiscalías y procuradurías de los estados en el periodo enero junio del 2024 fueron un total de cinco mil 503, lo que representa un incremento de 1.8% respecto al mismo periodo del 2023.
Y no solo eso, entre el 2018 y el 2024, las denuncias por este delito se incrementaron en 66%, indican datos oficiales.
La extorsión es, sin duda, unas de los problemas que las próximas administraciones, tanto federal como de la Ciudad de México, así como de todos los estados deben combatir en forma prioritaria.
Estamos seguros que la voluntad de la presidenta electa será clave para dar una lucha frontal contra este delito. Igualmente, debemos trabajar desde distintas trincheras para avanzar y que este agravio contra la ciudadanía disminuya de forma contundente.
La sociedad civil debe apoyar, pero también la academia, los expertos y todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país, además de que las empresas de seguridad privada tienen la mejor disposición para coadyuvar en la labor.
Urge que la extorsión se catalogue como delito grave en el Código Penal Federal para que las sanciones y sentencias sean en verdad un castigo, que los criminales piensen dos veces al momento de querer extorsionar, porque actualmente las penas son irrisorias o, al menos, no preocupan a los delincuentes.
Trabajemos juntos para que este flagelo a la sociedad disminuya drásticamente y si es posible, que se elimine por completo. ¡Hagámoslo!
Armando Zúñiga Salinas
Ex presidente de Coparmex CDMX / Presidente Grupo IPS / Consejero Nacional CCE y CONCAMIN
@Armando_ZunigaS
