A los trabajadores del campo se les ha integrado tradicionalmente a organizaciones corporativas como la CNC, la CROC y CTM, de carácter corporativo. Ha habido varios intentos de crear agrupaciones sindicales independientes, no muchos han prosperado; pero si hay uno vigente, es el de los jornaleros de San Quintín.
En el actual contexto de transición presidencial, dirigentes agrarios, se pronuncian porque en la Ley Laboral del Trabajo se incluya que los campesinos puedan conformar sindicatos, sin tantos requisitos, para que se respeten sus derechos laborales.
De acuerdo a la UNTA, CODUC,MST, CNPA, CIOAC y la OPDRS, en el campo existen 26.7 millones de empleos (fijos y temporales), que podrían ser sujetos de conformar sindicatos que los representen y defiendan sus derechos laborales y humanos.
Las personas que trabajan la tierra son el sector que tiene los peores salarios, nulas prestaciones laborales y una precarización total de sus condiciones de vida por su carácter migrante y la explotación a la que se ven sometidos.
Le van a entregar un documento a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con 11 puntos, “llamamiento campesino e indígena por la soberanía alimentaria”, en uno de ellos, piden que comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, indígenas, jornaleros, posesionarios y todos los trabajadores del campo tengan derecho pleno a la sindicalización, dijo Álvaro López Ríos, líder de la UNTA.
Para que puedan disfrutar de sus derechos constitucionales, seguridad social, condiciones de trabajo dignas y salarios justos; es necesario incluir los derechos de las mujeres en materia laboral dada la feminización progresiva de la fuerza laboral en algunas regiones del país.
Aunque en algunas regiones del país, lo que han levantado la voz, son algunos jornaleros migrantes principalmente de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que han denunciado las pésimas condiciones en las que viven y trabajan en los campos agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja California.
La realidad de la mayoría de los jornaleros agrícolas es complicada, de acuerdo a cifras oficiales en México, 2.3 millones de personas trabajan en estas actividades, donde sobreviven sin seguridad laboral ni seguridad social, y ahora también son víctimas de cobro de piso.
Perciben salarios precarios y jornadas laborales extenuantes. Cuando tienen accidentes de trabajo, la padecen, ya que ocho de cada 10 no cuenta con seguridad social. Por lo que efectivamente, falta que las autoridades correspondientes, volteen los ojos, para mejorar las condiciones de las personas que trabajan la tierra y producen los alimentos ya sea para consumo propio, o para darle de comer a millones de personas.
EN OTRO TENOR. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dio a conocer que, del 2018 a junio de 2024, proporcionó 1,056 servicios relacionados con el trabajo informal. También registró 669 expedientes de queja por presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con el trabajo informal o el trabajo no asalariado. La mayoría señala como autoridades responsables a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Gobierno Local y algunas Alcaldías”. El organismo se pronunció por revalorizar el trabajo informal para evitar su criminalización.
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