Al cumplirse el primer mes de la gestión de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México el corte de caja para la seguridad de los periodísticas en el país es deficitario:

El 18 de octubre fueron baleadas las instalaciones del diario El Debate, en Culiacán, Sinaloa. La fachada de la casa editora fue atacada por sujetos armados que se desplazaban a bordo de dos vehículos.Tiraron cuando menos 12 balazos. No hubo heridos pero la intimidación es clara. Peor aún, un día después, uno de sus repartidores fue secuestrado por un comando armado, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

En Uruapan, Michoacán, asesinaron el 28 de octubre al periodista Mauricio Cruz Solís. En evento aparte, dos días después la reportera de espectáculos Patricia Ramírez, conocida como Paty Bunbury, fue asesinada a balazos en el interior de su negocio de comida en el Centro de la ciudad de Colima.

Dos asesinatos extraños porque en apariencia ejercían su profesión sin tocar temas de violencia o políticos, que pudieran afectar intereses de criminales o de funcionarios. Tal vez fueron víctimas de la inseguridad habitual de sus ciudades de origen, pero eso lo sabríamos de existir un seguimiento de los hechos e investigaciones profesionales para dar con la verdad. Algo improbable en un país donde el índice de impunidad en estos casos ronda el 98%.

A eso hay que sumarle las amenazas cibernéticas de un número indeterminado de comunicadores durante estos 31 días. En promedio, se agrede a un periodista en México cada 14 horas, ha documentado la organización Artículo 19.

Ciertamente, nada hacía suponer que el cambio de gobierno modificaría por sí solo el ambiente de inseguridad en el país ni las relaciones de poder en los microuniversos estatales y municipales donde se dan más estas agresiones. Sin embargo, estos terribles casos vuelven a prender las alertas de lo que está viviendo el periodismo en México, donde en grandes partes de su territorio se ejerce bajo amenaza.

Por cierto, en las dos ejecuciones de esta semana ha brillado por su ausencia un posicionamiento gubernamental al respecto. ¿Y el Mecanismo de Protección de Periodistas de la Secretaría de Gobernación?

Esto ha llevado a los medios a trabajar en sus protocolos de protección. Hace una semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció la conclusión de su proyecto Redacciones Más Seguras (R+S), beneficiando a una decena de medios de comunicación mexicanos con la creación de protocolos de seguridad para periodistas.

El proyecto R+S, respaldado por Google News Initiative (GNI), se lanzó en la Asamblea General de la SIP en Ciudad de México en 2023. Periodistas y editores de 16 medios del interior del país, en situación de vulnerabilidad frente a la violencia del crimen organizado, participaron en la iniciativa.

Por su parte, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció esta misma semana el inicio de operaciones de la Casa Refugio para Escritores, Artistas y Periodistas en Riesgo, la cual abrió sus puertas a una periodista hondureña.

El doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de esta casa de estudios destacó que el proyecto nació en 2017 cuando la Unidad Cuajimalpa de la UAM, en colaboración con la International Cities of Refuge Network (ICORN), se comprometió a construir una red de apoyo y protección que fomentara el crecimiento de ICORN en México y América Latina. Bajo el liderazgo del doctor Rodolfo Suárez Molnar y Philippe Ollé-Laprune, la UAM se convierte así en un espacio seguro para aquellos creadores “que defienden la verdad, la justicia y que enfrentan persecución y riesgo en sus propios países".

Apenas un mes del nuevo gobierno, el saldo es deficitario. Es tiempo de decir basta y atacar el problema de raíz.