El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no nació por un capricho de los gobiernos neoliberales para debilitar al Estado. Fue una iniciativa de periodistas, académicos, intelectuales y políticos independientes para tener en México un organismo que, a semejanza de otros similares en el mundo, sirviera para transparentar el uso de recursos públicos.
Vicente Fox, el presidente al que le tocó promulgar la ley, ni sabía del tema ni le interesaba. La redacción original del texto fue producto de intensos trabajos del entonces llamado Grupo Oaxaca, conformado por un plural y heterogéneo grupo de ciudadanos.
Hace tres años, cuando el actual gobierno comenzó a mandar el mensaje de que el INAI era “muy caro”, “no sirve para nada”, “no ha detenido a un solo corrupto”, entrevisté a dos participantes del Grupo Oaxaca, Roberto Rock y Ernesto Villanueva, quienes, con matices, explicaron las razones de su origen, y el riesgo de que sus facultades pasaran a formar parte del mismo gobierno que es fiscalizado.
En junio de 2002, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental, que complementaba el artículo sexto de la Constitución referente al derecho a la información.
Desde entonces solicitar información a esos sujetos obligados es labor indispensable de la academia, los empresarios, los periodistas, abogados, estudiantes, que nutren sus trabajos con esa información, todos los días. Que se surten de información estratégica para armar licitaciones, para decidir inversiones en tal o cual lugar, para saber cuánto costaron las cosas que el gobierno y, por supuesto, para hacer periodismo de investigación.
Los números son impresionantes: de 2003 a lo que va de 2024, se han hecho 4 millones, 015 mil solicitudes de información. El porcentaje de respuestas atendidas correctamente es de 96.8%.
No nació como fiscalía policial para detener corruptos, como dolosamente se pretende simplificar, sino como un árbitro que vigila si alguno de los sujetos obligados, muchos de los cuales ni siquiera son gubernamentales, se resiste o niegue a dar información.
Hoy se nos dice desde el poder que el INAI debe desaparecer; que sus funciones las puede asumir, a menor costo, la Secretaría de la Función Pública. Que el gobierno es honesto y entregará toda la información que se le solicite.
Sin embargo, la actual administración no es un modelo de transparencia, es uno de los que más se ha negado a dar información. Los números de recurrencia subieron 6% este sexenio, comparados con los que hubo con Enrique Peña Nieto.
Además, es el que más ha utilizado el pretexto de “asunto de seguridad nacional” para reservar y negar información de obras como el AIFA o el Tren Maya, donde está metido el Ejército, y que a todas luces no tendrían por qué ser así clasificados. Para darnos una idea, con Peña Nieto hubo cuatro reservas por “seguridad nacional”, con López Obrador van 48.
Hay una versión de pasillo de que todo está planchado con Claudia Sheinbaum para que el INAI sobreviva al Plan C de septiembre, pero por las expresiones públicas de preocupación de su más reciente presidenta, Blanca Lilia Ibarra, y de su actual titular , Adrián Alcalá, no pareciera que eso estuviera sucediendo.
Es tiempo de defender al INAI y entender que, de extinguirse, se estaría tirando al caño una herramienta que es útil para garantizar la rendición de cuentas gubernamental. Un contrapeso más, que disgusta a los autoritarios.
