/ martes 4 de enero de 2022

¡Bienvenido 2022! ... ¿o mejor no?

El nuevo año 2022 arranca no solo con un preocupante repunte de casos de Covid-19 por la variante Ómicron, sino también con una cascada de aumentos en los precios de prácticamente todos los productos básicos, así como de impuestos, pagos de derechos, servicios y trámites.

Al corte del 2 de enero de 2022, de acuerdo al reporte epidemiológico oficial se tienen registradas 299,544 defunciones y 3 millones 990 mil 587 casos confirmados; es decir, cerca de 100 mil casos más de los reportados hace un mes (2 de diciembre). Tan solo en la Ciudad de México se tiene un acumulado de un millón 6 mil 124 casos desde el inicio de la pandemia y 52,816 fallecimientos.

Otra pandemia que recorre el país es la inflación, la cual prácticamente ya pulverizó el insuficiente incremento de 22% al salario mínimo en vigor a partir del 1 de enero. Y es justo en este escenario postpandemia, de nulo crecimiento y estancamiento económico, cuando las autoridades de la Ciudad de México tan humanistas y en favor de los pobres deciden incrementar –o como ellos dicen "ajustar"- los impuestos, pagos de servicios y derechos que cobra a la ciudadanía.

Entre estos incrementos destaca el ajuste de la cuota del IEPS de las gasolinas, diésel, cigarros y bebidas azucaradas; además, del incrementó en el costo de trámites y servicios, como tenencia, placas, tarjeta de circulación, calcomanías, cambio de propietario de vehículo, licencias, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción, entre otros más.

En 2018, el 55.8% de los mexicanos eran pobres. Pero esta proporción subió al 62%, en 2020, como efecto de la pandemia. Datos del INEGI advierten que en promedio, los hogares de la clase baja ganan 11,343 pesos mensuales o menos.

Las personas que tengan dificultades para cumplir sus propósitos de Año Nuevo, como caminar más y usar menos el automóvil, dejar de fumar o de tomar bebidas azucaradas, sin duda este año se sentirán muy motivadas a cumplirlos con la ayuda extra que recibe del gobierno capitalino, que exprime al contribuyente cautivo para mantener costosos programas sociales clientelares, con base en un opaco padrón de beneficiarios.

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