“Las propiedades ocultas de López Obrador y su familia”, se tituló el texto que provocó que la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, demandara a Manuel Garza Fernández el 18 de abril de 2018. “Los demandados incurrieron en una conducta ilícita que causó de forma directa e inmediata un daño moral en contra de mi persona”, argumentó en contra de los jóvenes empresarios que hasta ese momento controlaban en México la creación y capitalización de páginas web para diversos grupos de comunicación y columnistas, como Joaquín López Dóriga.
El texto que se publicó en PejeLeaks, como si fuera un reportaje, afirmaba que el hoy Presidente de México ocultó dos propiedades de su esposa al presentar su “3 de 3”. Decía la publicación: “La transparencia nunca ha sido el fuerte de Andrés Manuel López Obrador. El candidato presidencial de Morena fue uno de los principales opositores a la aprobación de la llamada Ley 3 de 3, una iniciativa impulsada desde la ciudadanía para promover la transparencia y la rendición de cuentas”. Aseguraban los autores del texto, tal vez pensando que no habían sido detectados por el equipo del candidato y sus abogados, que Gutiérrez Müller vendió dos departamentos que supuestamente se ocultaron de la ciudadanía, a dos de los hombres más cercanos de López Obrador: César Yáñez y Julio Scherer Ibarra. Del hoy Consejero Jurídico del Presidente incluso dijeron que había sido “exhibido en dos investigaciones pasadas de PejeLeaks al recibir más de 25 millones de pesos de empresas fantasma utilizando esquemas similares a la delincuencia organizada”.
Beatriz Gutiérrez Müller y sus abogados presentaron copia del texto. “Se hicieron afirmaciones para hacer parecer como que he cometido un hecho de naturaleza delictiva, cuando que es falso que haya cometido delito alguno”, asegura la esposa del mandatario. “De las notas periodísticas se advierte que quien elaboró y difundió la publicación lo hizo con el único propósito de desprestigiarme”.
Va más allá la esposa del Presidente: “Dañan significativamente el honor, reputación, sentimientos, dignidad y/o la consideración de mí tienen los demás, en tanto que se me expone al repudio público, causándome con ello un daño moral”. Reitera: “Las expresiones deben ser consideradas como insultantes, vejatorias e insidiosas y, por ende, generadoras de un daño moral en mi perjuicio”.
Un punto a destacar de la demanda: “No se puede invocar ejercicio de la libertad de expresión cuando se hacen afirmaciones de hechos que tienen como única intención denostar, porque inclusive el artículo 6 de la Constitución Política del País prevé que si bien la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sí es posible tal inquisición cuando la expresión ataque, entre otros, la vida privada o los derechos de terceros, o provoque algún delito”.
El 20 de agosto de 2018 se desechó la demanda, llegaron a un acuerdo que se mantiene confidencial. Y al menos uno de los dos acusados ya no vive en México.