Justo como no debería suceder, las cuentas de redes sociales de la Secretaría de la Función Pública (SFP) han estado dedicadas los últimos días a defender la actuación de su titular, Irma Eréndira Sandoval, tras los muy cuestionados resultados de la supuesta investigación que hizo al patrimonio de Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero no solamente desde su trinchera la han estado defendiendo, también desde la Presidencia de la República se nota que pidieron apoyo a todos los defensores de la 4T.

“No hay duda del compromiso del @GobiernoMX con el combate a la corrupción y a favor de la transparencia”, escribió por ejemplo el vocero Jesús Ramírez Cuevas. “Reconocemos el trabajo de @Irma_Sandoval, para vigilar la actuación de funcionarios públicos y sancionar a quienes incurren en actos ilegales o sancionables por la ley”.

Ese es el tono de los compañeros de Irma Eréndira. Lo cierto es que, alguien de confianza, de allá de Guerrero, sin hacer que suene bonito, un guerrerense sincero y que esté cerca de ella, debe hacerle entender que se vio muy mal. Hay todavía mucha confianza en el gobierno, pero con este episodio de la vida nacional, hasta los que no somos conservadores ni críticos de tuiter, ni lectores de noticias de algún medio resentido por publicidad, pensamos que han quemado un cartucho valioso cargado de credibilidad, para lo que podría venir en los siguientes meses en el combate a la corrupción.

Hay que recordarle también al equipo de la funcionaria cuartotransformista que, dice la Ley, los recursos de los que dispone el Gobierno no pueden ser utilizados para promoción de un servidor público, pues, violentar lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, también es corrupción.

Además, al exonerar así de fácil a Manuel Bartlett del supuesto conflicto de interés y enriquecimiento ilícito, Irma Eréndira Sandoval demostró que solamente obedece órdenes. Las comparaciones sobran, pero recordemos la crisis de Carlos Lomelí Bolaños.

Lomelí renunció a ser súper delegado, para que Sandoval pudiera investigarlo con libertad. Las indagatorias llevan seis meses, son por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial y de conflicto de interés y se han inhabilitado a las empresas Laboratorios Solfrán y Lomedic, al argumentar que estaban relacionadas con el jalisciense cuando éste fue diputado federal en 2015. Bartlett siguió en el cargo. Su investigación concluyó en menos de tres meses, hubo 33 denuncias, se le vinculó con 25 propiedades y 12 empresas y no hay sanciones.

Les confirmo además que Laboratorios Solfrán, empresa de la que nunca ha sido socio Lomelí, de acuerdo con las actas constitutivas, tuvo que despedir a cientos de personas por la inhabilitación de dos años y seis meses que le impuso la Función Pública. Ojalá que alguien en estas fiestas, de allá de Guerrero, pueda decirle sinceramente y lo escuche, que están perdiendo credibilidad ante el pueblo que no es tonto, que es muy sabio, como dice ya saben quién.