Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza restos óseos hallados en las búsquedas, sin contar con sus peritos.
Citaron que la Fiscalía, a través de su área de servicios periciales, intenta aplicar un método experimental de identificación genética por vía ADN mitocondrial a diversos restos óseos”, que pueden estar relacionados con la investigación, por lo que manifestaron que no aceptarán los resultados, ya que en años anteriores se dieron a conocer identificaciones equivocadas.
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En una conferencia de prensa, en el Centro Pro, los padres de los jóvenes desaparecidos en septiembre del 2014, denunciaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador faltó a su palabra de investigar la desaparición de los 43 jóvenes y no ha entregado los 800 documentos de la investigación
Y esos escritos, añadieron, son claves para obtener información sobre el posible paradero de los jóvenes y esclarecer los hechos.
Pidieron que el presidente de México deje de defender al Ejército y que permita que investigadores internacionales se han cargo del caso, con el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su participación, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) precisó que las familias refirieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno Federal el pasado 3 de junio de 2024, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Los padres y las madres han demandado con insistencia desde julio de 2023. Por el contrario, los folios entregados incluso confirman que los archivos militares aún hay más información que debe entregarse”.
En algunos de estos documentos se transcriben intervenciones telefónicas realizadas respecto de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos, lo que confirma la necesidad de que se ponga a disposición toda la información relacionada con estas: es decir, de quiénes se trata, dónde se encuentra el seguimiento completo, el consecutivo de llamadas.
En la reunión con el presidente se habló de que habría poco más de 600 folios que el ejército, unilateralmente, determinó que no eran relevantes.
Frente a la afirmación de que no hay pruebas de la participación del Ejército, las familias y sus representantes estiman que es indispensable recordar los hallazgos del GIEI en el caso.
Es claro, agregó el Centro Pro, que antes, durante y después de los hechos hubo irregularidades atribuibles a esta Fuerza Armada. Antes, porque es un hecho objetivo probado que hubo una infiltración ilegal a la Normal mediante un elemento militar en activo que hoy es parte de los desaparecidos, lo que siempre ocultó el Ejército.
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Señalaron que los elementos militares, incluyendo a los de inteligencia conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir, y después falsearon sus declaraciones ministeriales iniciales. Y después, porque sistemáticamente, en el sexenio pasado y el anterior, el Ejército ha administrado la información que detenta.
Las familias reiteraron su respaldo a las organizaciones y abogados que les acompañan, rechazando los señalamientos de que han actuado contra sus intereses, de que se hayan reunido con el ex presidente, Enrique Peña Nieto sin su conocimiento, o de que hayan incitado a la violencia.
Y dijeron que a lo largo del proceso Serapaz, Fundar, Tlachinollan y el Centro Prodh les han acompañado como asesores, respetando su dignidad como víctimas, defendiendo sus intereses y consultando con ellos las diversas acciones que se han impulsado.
Igualmente señalaron que es indispensable abrir este proceso a la asistencia internacional, como se solicitará en la próxima reunión, programada para el 3 de julio en Palacio Nacional.
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