Las personas diputadas que integran la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, estuvieron de acuerdo en solicitar al titular de la alcaldía Iztacalco, Armando Quintero Martínez, un informe de las acciones consideradas para solucionar diversos problemas que se han presentado en Calle 7, misma que funge como límite territorial entre la capital del país y el Estado de México.
Al respecto, la presidenta de la instancia legislativa, la congresista priísta Guadalupe Barrón Hernández, consideró pertinente un reforzamiento de acciones en diversas áreas, como educación, seguridad, movilidad, obras públicas y servicios urbanos.
En reunión de la comisión, los representantes populares se refirieron a la reciente firma del Convenio Marco de Colaboración y Coordinación entre los gobiernos de ambas entidades, a través del cual se reforzará la labor en varios temas.
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Quedó asentado que al ser la Calle 7 una de las vialidades primarias que conecta diferentes zonas de la Ciudad de México con el Estado de México, se requiere ejercer acciones que permitan el reordenamiento del espacio público y el comercio ambulante, así como la vialidad para el libre tránsito vehicular y peatonal, de ahí la importancia que al respecto el responsable de Iztacalco presente un informe pormenorizado.
La propuesta fue hecha por la diputada adscrita a la bancada del PT en el recinto de Donceles y Allende, María de Lourdes Paz Reyes, quien señaló que la colindancia de Iztacalco con Venustiano Carranza y el municipio de Nezahualcóyotl es un punto problemático, debido a la existencia de un asentamiento irregular, un tiradero clandestino, instalaciones hidráulicas en mal estado e inseguridad.
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Punto conflictivo
Congresistas tuvieron conocimiento de que la intersección de la Calzada Zaragoza con la Calle 7, Anillo Periférico, en el límite con la alcaldía Venustiano Carranza, es un punto conflictivo respecto a la movilidad, por la cantidad de rutas de transporte pertenecientes a ambas entidades, y por el uso de la vía pública para el comercio informal.
El dictamen aprobado considera primordial atender el mejoramiento de la infraestructura hídrica, mayor eficacia en la seguridad, protección ambiental, conservación y uso racional de los recursos naturales, así como la justicia social, con lo que se busca beneficiar a la ciudadanía que transita en dicha zona.
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