Debe haber sido un diálogo franco entre mujeres de poder. Por vez primera, una presidenta electa en Norteamérica; del otro lado, la primera mujer que encabeza uno de los bancos icónicos de Wall Street. Pero el tema abordado no pudo haber sido más espinoso.
De acuerdo con fuentes del sector consultadas por este espacio, el propósito de la reunión de Jean Fraser, directora ejecutiva de Citi -propietaria aquí de Citibanamex-, con Claudia Sheinbaum y con Rogelio Ramírez, secretario de Hacienda, la semana recién terminada, fue informarles que su grupo financiero global detendrá las operaciones en México de al menos cuatro grandes fondos de inversión, hasta tener claridad sobre los riesgos que representará para los capitales extranjeros la reforma al Poder Judicial que busca precipitar el presidente López ante el Congreso, en septiembre próximo.
Las mismas fuentes, que en otras oportunidades me han confiado detalles sobre negociaciones de Citi con actores clave del gobierno, aseguraron que en las reuniones independientes sostenidas por Fraser -y directivos que la acompañaban- con Sheinbaum Pardo y con Ramírez de la O, la alta ejecutiva bancaria recibió la sugerencia de buscar un encuentro personal con López Obrador. De llegar a producirse, será incómodo, pues ambos personajes han tenido desencuentros desde la primavera de 2023, sobre varios temas.
Ha sido posible conocer que ejecutivos de primer nivel de otras corporaciones financieras con alcance global, en particular dos basadas igualmente en Estados Unidos han solicitado, por canales formales con México, sendos encuentros para mostrar análisis según los cuales la referida Reforma Fiscal no únicamente causaría incertidumbre en inversionistas, sino que supondría violaciones al T-MEC con la Unión Americana y Canadá, que debe ser revisado en 2027.
Esto ocurre mientras la Suprema Corte de Justicia, que preside la ministra Norma Lucía Piña, ha entrado en un periodo de convulsión interna ante el escenario que supone el proyecto AMLO de Reforma Judicial, que descabezaría no sólo al máximo tribunal, sino a más de 1,400 jueces y magistrados federales, para ser relevados por funcionarios electos por voto popular bajo condiciones desconocidas hasta ahora, entre otras múltiples medidas.
Hacia el interior del pleno de la Corte se han perfilado voluntades que parecen complicar en el corto plazo un frente común cuya solidez debería provenir de la fuerza de la razón, el Derecho y la autoridad moral de los ministros. Por el momento, se perfila una fractura entre aquellos cuyo retiro está más próximo -Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo-, referidos como dispuestos a allanarse al impacto de la reforma; las ministras más polémicas y cercanas al oficialismo, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, abiertas activistas de las enmiendas constitucionales. Y un tercer bloque, de los restantes siete, no del todo uniforme, que estaría reflexionando sobre la conducta a seguir y el rol que deben asumir. En ese grupo destacan, con su propia gravitación individual y estilo de liderazgo, la propia ministra Piña Hernández y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Hasta donde ha sido posible conocer, no existe ningún puente de interlocución, formal y validado por las partes, entre los ministros y Palacio, o con el cuartel general de Claudia Sheinbaum. Resultó infructuoso un intento realizado en este sentido desde el círculo cercano a la ministra Piña, y no hay suficiente claridad si se está intentando algo en esta misma línea por parte del ministro González, sin duda el que cuenta con mayor reconocimiento por parte tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum.
Desde Palacio la presión para imponer la reforma parece sostenerse, incluso con reservas un debate de esta en parlamento abierto. Al mismo se acumulan objeciones sólidas sobre aspectos específicos de la misma.
