Asistí al Primer Foro de Justicia Ambiental en la ciudad de Cancún, Quintana Roo los días 1 y 2 de junio de 2023. Organizado por las autoridades locales con motivo del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Fue la mejor muestra de que a María Elena Lezama Espinoza (gobernadora) y Ana Patricia Peralta de la Peña, presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), ambas militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quienes simplemente no asistieron al evento. A pesar de que estaba anunciada la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La Dra. Blanca Alicia Mendoza Vera tampoco asistió. El que si asistió fue el joven Alonso Fernández Lemmen-Meyer también miembro del Partido Verde Ecologista de México, que a partir de octubre de 2022 es el nuevo Procurador de Protección al Ambiente de Quintana Roo. Unos 50 asistentes al auditorio de la Universidad del Caribe escuchamos fuertes críticas a la Profepa por parte de la Dra. María del Carmen Carmona Lara por su falta de resultados, a pesar de que fue Subprocuradora Jurídica de Profepa de marzo de 2009 a febrero de 2010.
Lo verdaderamente patético es que el joven procurador Alonso Fernández dio un mensaje fuera de la realidad de la gestión de más de 1,400 ton/día de residuos sólidos urbanos que vive precisamente la ciudad turística más importante de nuestro país (que recibió 30 millones de turistas en el año 2022 con una derrama de 57,770 MDP en hospedaje lo que equivale al 23 % de los ingresos turísticos nacionales).
El ayuntamiento Benito Juárez tenía concesionada la disposición final de más de 500,000 ton/RSU/año a la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual, S.A. de C.V. (PIMSA) donde Diego García Coudurier y Gerardo García Gamboa eran socios, que cobró más de 800 MDP durante doce años. Pero que jamás cumplió con la norma oficial mexicana NOM-083-Semarnat-2003. Era simplemente un tiradero a cielo abierto de RSU que generó graves daños al suelo, subsuelo y acuíferos con sus lixiviados. Por la evidente complicidad de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo y del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), que gobierna Ana Patricia Peralta de la Peña (del PVEM) que inexplicablemente le permitieron hasta hace seis meses, cometer estos delitos federales ambientales contemplados en el Articulo 416 del Código Penal Federal vigente.
Este es un ejemplo de la falta de eficiencia y probidad de estas procuradurías estatales ambientales que dependen directamente de los gobernadores. Otro ejemplo es la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, cuya titular es la Arq. Anayeli Jiménez Vázquez que depende directamente del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero quienes permitieron que su tiradero a cielo abierto El Iztete estuviera incendiado durante 70 días.
*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.
Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático
www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores
